FBI se lleva de la casa de Trump otras 12 cajas que no fueron devueltas a los Archivos Nacionales

Si bien el allanamiento del FBI a la casa de Donald Trump puede estar vinculado a varias investigaciones, los reportes apuntan a que puede relacionarse al hallazgo hecho en febrero en Mar-a-Lago de cajas con información del Gobierno de EEUU que fueron llevadas a Florida tras el fin de la era Trump.

Si fuera el caso, la ley central en cuestión es la Ley de registros presidenciales (PRA), que data de 1978.

¿Qué es y qué rige la La Ley de Registros Presidenciales?

Es el marco legal para el manejo de los registros oficiales de presidentes y vicepresidentes que se crearon o recibieron después del 20 de enero de 1981 (es decir, a partir de la Administración Reagan), detallan los Archivos Nacionales.

La Ley "cambió la titularidad legal de los registros oficiales del presidente de privados a públicos, y estableció una nueva estructura bajo la cual los presidentes, y posteriormente los (Archivos Nacionales) deben administrar los registros de sus Administraciones".

Entre otras provisiones, la PRA dice:

🔵 Que los registros presidenciales son propiedad pública
🔵 Requiere que registros vicepresidenciales se traten de la misma manera que los presidenciales.
🔵 Pone la responsabilidad de la custodia y gestión de los registros presidenciales en ejercicio en el presidente.
🔵 Requiere que el presidente y su personal tomen todas las medidas prácticas para archivar los registros personales por separado de los registros presidenciales.
🔵 Establece que los registros presidenciales se transfieren automáticamente a la custodia legal del Archivo Nacional tan pronto como el Presidente deja el cargo.
🔵 Establece procedimientos para que el Congreso, tribunales y las administraciones subsiguientes obtengan "acceso especial" a los registros que permanecen cerrados al público.
🔵 Establece requisitos de conservación para temas oficiales realizados con cuentas de mensajes electrónicos no oficiales.
🔵 Impide que una persona que ha sido condenada por un delito relacionado con revisión, retención, eliminación o destrucción de registros tenga acceso a cualquier registro.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, criticó el registro de la residencia del expresidente Donald Trump por parte de agentes del FBI y exigió explicaciones a las autoridades.

“El fiscal general (Merrick) Garland debe dar una explicación completa a los estadounidenses sobre por qué se tomó esta acción y debe hacerse de inmediato”, escribió Pence, quien fue vicepresidente durante el mandato de Trump, luego de lo cual se distanció del Capitolio de 2021.

Pence se unió así a decenas de políticos republicanos que rechazaron el operativo sin precedentes del FBI y acusaron al Gobierno del presidente Joe Biden de llevar a cabo una persecución política.

El FBI incautó el martes el teléfono celular del representante Scott Perry, republicano de Pennsylvania y presidente del ultraconservador House Freedom Caucus, según la oficina del congresista.

Perry, a quien el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, dijo que tres agentes del FBI confiscaron su teléfono el martes por la mañana mientras viajaba con su familia.

“No intentaron contactar a mi abogado, quien habría hecho arreglos para que tuvieran mi teléfono si ese fuera su deseo”, dijo Perry en un comunicado.

“Estoy indignado, aunque no sorprendido, de que el FBI, bajo la dirección del Departamento de Justicia de Merrick Garland, incautara el teléfono de un miembro del Congreso en funciones”.

Meses antes de que el FBI realizara la orden de allanamiento en la casa del expresidente Donald Trump en Florida, las autoridades estaban preocupadas de que no se hubieran devuelto todos los documentos y otros materiales que eran propiedad del gobierno, según publicó el diario The Washington Post citando a personas familiarizadas con las discusiones.

Los funcionarios sospecharon que cuando Trump devolvió elementos a los Archivos Nacionales hace poco más de un año, el expresidente o personas cercanas a él se quedaron con registros clave.

El martes, un abogado de Trump dijo que los agentes se llevaron unas 12 cajas más después de realizar su registro.

Personas familiarizadas con la investigación dijeron que funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI viajaron a Mar-a-Lago esta primavera y expresaron su preocupación de que el expresidente o personas cercanas a él aún tuvieran elementos que deberían estar bajo la custodia del gobierno.

En ese momento, los funcionarios de los Archivos Nacionales se habían puesto en contacto agresivamente con personas en la órbita de Trump para exigir la devolución de documentos que creían que estaban cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales, dijeron dos personas familiarizadas con esas consultas al diario.

Christina Bobb, abogada de Trump, dijo que sus abogados participaron en conversaciones con el Departamento de Justicia esta primavera sobre los materiales retenidos en Mar-a-Lago. En ese momento, el equipo legal del expresidente registró entre dos y tres docenas de cajas en un área de almacenamiento, en busca de documentos que pudieran considerarse registros presidenciales, y entregó varios elementos que podrían cumplir con la definición, dijo.

Christina Bobb, abogada de Donald Trump, confirmó en una entrevista en "Real America's Voice" que las autoridades estaban buscando documentos clasificados de la Ley de Registros Presidenciales.

Bobb dijo que llegó a Mar-a-Lago cuando se realizaba la búsqueda, se anunció como la representante legal de Trump y pidió ver la orden judicial.

Bobb dijo que las autoridades le dijeron que estaban buscando documentos clasificados que pensaban que no deberían haber sido retirados de la Casa Blanca, así como registros presidenciales.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no estaba avisado del registro que llevó a cabo el lunes el FBI en la mansión del exmandatario Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, un suceso del que se enteró por la prensa, aseguró este martes la Casa Blanca.

En su rueda de prensa diaria, la portavoz del presidente, Karine Jean-Pierre, evitó dar detalles "sobre una investigación que se está llevando a cabo" y, preguntada por las acusaciones de persecución política vertidas por los republicanos, respondió que Biden "respeta el Estado de Derecho".

"El presidente no estaba informado, no estaba al tanto. Nadie en la Casa Blanca recibió un aviso", dijo la secretaria de Prensa del Gobierno.

La portavoz afirmó que se trata de una investigación independiente y no se pronunció sobre los motivos del registro en la mansión, que algunos medios relacionan con los documentos oficiales que Trump se llevó de la Casa Blanca.

"El presidente, en la Casa Blanca, se enteró del registro del FBI por informaciones públicas, igual que todos los estadounidenses, y no estaba avisado. El presidente Biden ha sido muy claro durante su mandato que el Departamento de Justicia lleva a cabo sus investigaciones de forma independiente", insistió.

El allanamiento del FBI a la casa de Donald Trump genera una 'tormenta política'. Para unos es un primer paso hacia un juicio y para otros, una "persecución política", en medio de una gran polarización que vive el país y cuando el expresidente considera volver a ser candidato a la Casa Blanca.

Nunca un exinquilino de la Casa Blanca tuvo tantos problemas con la justicia.

¿La pesquisa tiene que ver con las cajas de cartón que Donald Trump se llevó cuando se fue de la Casa Blanca en enero de 2021?, ¿con la investigación sobre su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio? ¿o con las sospechas de fraude financiero que pesan sobre la Trump Organization en Nueva York?

Donald Trump se declara inocente en cada uno de estos casos y se considera blanco de una caza de brujas.

En un comunicado denunció el allanamiento de su mansión de Florida: "Estos son tiempos oscuros para nuestra Nación", dijo.

"Nadie está por encima de la ley", "ni siquiera un expresidente de Estados Unidos", declaró este martes la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la cadena NBC.

"Guerra civil"

Nada más conocerse el allanamiento, un grupo de simpatizantes de Trump acudió a la residencia del empresario para dar rienda suelta a su furia.

Algunos de ellos ondeaban banderas en las que se leía "Biden no es mi presidente", un recordatorio de que más de un año y medio después de la derrota electoral de Trump, muchos estadounidenses siguen creyendo las falsedades de que le "robaron" las elecciones presidenciales de 2020.

En las redes sociales, algunos simpatizantes de Trump abogaban este martes por un "divorcio", en este país con divisiones tan profundas que pueden parecer irreconciliables.

"Este es el tipo de cosas que suceden en países en guerra civil", tuiteó Marjorie Taylor Greene, una congresista de Georgia conocida por sus exabruptos que pidió el desmantelamiento del FBI. "¡¡¡La persecución política DEBE PARAR!!!"

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton también participó del 'debate' en torno a la noticia política del momento: el allanamiento del FBI a la casa de Donald Trump, en el resort Mar-a-Lago, en Florida.

Clinton usó el humor para sumarse a la discusión y aprovechó para pedir a la gente que compre gorras y camisetas con l a frase "But her emails" ("Pero sus emails", en español). La frase alude al uso político que los republicanos, y en especial Trump, han hecho del caso del uso de un servidor privado de emails que Clinton hizo siendo secretaria de Estado.

El FBI investigó a Clinton incluso cuando ella era candidata en plena campaña de 2016. Clinton tuvo que entregar su servidor y sus emails para que el FBI requisara esa documentación en busca de potenciales delitos. Desde el Buró no recomendaron cargos contra ella.

Clinton también fue investigada por paneles del Congreso liderados por republicanos por ese mismo caso. Pero tampoco terminaron encontrando nada sustancial como para que se abriera una investigación judicial.

Sin embargo, Trump y sus aliados suelen usar los 'emails de Clinton' como una referencia a supuestos delitos o acciones oscuras de la demócrata, pese a que fue investigada por años.

"Cada gorra o camiseta con la frase ‘But her emails’ que sea vendida ayuda a los socios de Onward Together a defender la democracia, construir un banco progresista y luchar por nuestros valores”, escribió Clinton en Twitter. Onward Together es la organización de acción política que ella fundó en 2017.

Los republicanos se han alineado rápidamente en plantear el allanamiento a la casa de Donald Trump como una supuesta persecución política y tratan de mostrar que es parte del uso político que los demócratas harían del FBI o del Departamento de Justicia.

Sin embargo, la pesquisa parece estar relacionada con el hallazgo en febrero de 15 cajas que contenían material de gobierno sensible o clasificado que fueron encontradas en la vivienda de Trump en febrero. A partir de tal hallazgo y de un potencial delito, los Archivos Nacionales reportaron esta anomalía en el manejo de material de la Presidencia de EEUU al Departamento de Justicia.

Ted Cruz, el senador republicano por Texas, dijo que lo que seguiría es que agentes del IRS "vayan por ti", vinculado dos agencias de gobierno intentando dar la idea de un Estado controlador que busca inmiscuirse en la vida privada de las personas.

El fantasma del 'Estado profundo'

También el discurso republicano parece alinearse con la idea que reflotan asiduamente de un supuesto 'Estado profundo', una teoría conspirativa que apunta a que hay grupos en las agencias del Estado que operan y gobiernan en las 'sombras'.

La 'indignación' les permite a los republicanos nuclearse en torno a la figura de Trump, pese a que hay factores dentro del partido que aún se resisten al control que ejerce el expresidente. Y todo sucede a pocos meses de las elecciones de mita de término.

La ocasión les da discursivamente un 'enemigo', alguien a quien cuestionar, que ahora encarna el fiscal general Merrick Garland.

Otros republicanos más radicales, como el representante de Ohio, Jim Jordan, apuntan a otro supuesto 'enemigo', Chris Wray, el director del FBI.

Wray es un republicano de larga data que trabajó en el Departamento de Justicia bajo la presidencia de George W. Bush y que fue seleccionado y postulado para el cargo de director del FBI por el propio Donald Trump, luego de despedir a James Comey .

Jordan, junto al también representante de Ohio Mike Turner, 'exigen' que tanto Garland como Wray, asistan a una sesión informativa en el Congreso porque "quieren respuestas" sobre el allanamiento a la casa de Trump.

Se espera que Donald Trump se reúna con un grupo de republicanos de la Cámara Baja en su club en Nueva Jersey, indicaron reportes de medios.

Según reportes de dos medios, el representante republicano de Indiana Jim Banks estará presente en esta cena que estaba planeada antes del allanamiento a la casa de Trump en Florida.

Sin embargo, la cena es vista como una oportunidad de mostrar apoyo a Trump, quien presenta el allanamiento como si fuera una persecución política y no parte de una investigación que puede estar vinculada -según reportes- a la extracción de materiales de gobierno de la Casa Blanca.

Más allá de las acusaciones de los republicanos de que el allanamiento en la casa de Trump está relacionado a motivaciones políticas, la mayoría de los reportes apuntan a que la pesquisa está relacionada a los manejos erróneos de documentos de la Casa Blanca, muchos de ellos clasificados.

En febrero de este año, se informó que había 15 cajas de registros de la Casa Blanca que se almacenaron en la residencia Mar-a-Lago del expresidente Trump y que contenían elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional, informó entonces la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Fue entonces que la agencia dijo que el asunto sería remitido al Departamento de Justicia, como parte de un protocolo de 'reportar' a las autoridades un manejo inadecuado de material del Gobierno de Estados Unidos.

La ley federal prohíbe el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados, y aunque es posible que Trump intente argumentar que, como presidente, él era la máxima autoridad de desclasificación, es un proceso que debe hacerse cumpliendo los protocolos.

El caso de Hillary Clinton requisada por el FBI

Algo similar (pero con sus diferencias) sucedió con Hillary Clinton por su uso de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado, dejando potencialmente fuera de la órbita de los registros nacionales miles de emails.

El FBI investigó a Clinton, quien tuvo que entregar su servidor, sus emails y demás materiales para que el Buró federal requisara esa documentación en busca de potenciales delitos, como por ejemplo, compartir información clasificada que comprometiera la seguridad nacional.

Finalmente, no se recomendaron cargos contra ella.

Clinton también fue investigada largamente por paneles del Congreso liderado por los republicanos por ese mismo caso. Pero tampoco terminaron encontrando nada sustancial como para que se abriera una investigación judicial.

El exvicepresidente Mike Pence opinó en Twitter que el allanamiento puede deberse a "partidismo" en el Departamento de Justicia.

"Comparto la profunda preocupación de millones de estadounidenses por el registro sin precedentes de la residencia personal del presidente Trump. Ningún expresidente de Estados Unidos ha estado sujeto a un allanamiento en su residencia personal en la historia", dijo en la red social.

Añadió que se "descubrió que los agentes del FBI actuaban por motivos políticos" y que tal situación "se debe abordar" por la "apariencia de partidismo continuo por parte del Departamento de Justicia".

Pence cerró diciendo que el "fiscal general Garland debe rendir cuentas al pueblo estadounidense sobre por qué se tomó esta acción y debe hacerlo de inmediato".

El Comité de Procedimientos de la Cámara Baja que lleva adelante una pesquisa sobre finanzas de Donald Trump que no está relacionada con el allanamiento a su casa en Florida, puede ahora acceder a las declaraciones de impuestos del expresidente, ordenó una corte.

Un tribunal federal de apelaciones aprobó el martes una solicitud del Comité para obtener las declaraciones de impuestos del expresidente. El fallo fue 3 a 0 y se trata de un golpe para Trump quien ha argumentado durante años en los tribunales en contra de divulgar sus declaraciones de impuestos a los investigadores.

Pero Trump aún podría apelar, y se espera que lo haga como lo ha hecho en otras instancias buscando vedar el acceso a sus impuestos por parte de investigadores.